Proyecto de Ley busca fortalecer y vincular la participación ciudadana con el Estado

Fuente: Seremi de Gobierno

La Ley 20.500 fue un salto para el país en materia de participación ciudadana, permitiendo vincular al Estado con las personas. Pese a estos avances, es necesario precisar la normativa en materia de conceptos, como la definición de participación en la administración pública, sus alcances, y la entrega de herramientas vinculantes de participación. Con estos antecedentes, el Gobierno del Presidente Gabriel Boric el año 2023 llevó a cabo a nivel nacional la consulta ciudadana “Hablemos de Participación”, impulsada por la Secretaría General de Gobierno e implementada por la División de Organizaciones Sociales (DOS).

Este proceso se llevó a cabo entre los meses de septiembre de 2023 y febrero de 2024, permitiendo generar un documento con diagnósticos, propuestas y sugerencias para nutrir el proceso de reforma y establecer directrices para la propuesta de modificación de la Ley 20.500 sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública. Este trabajo consideró 155 Diálogos Participativos en todas las regiones de Chile, un seminario con expertas y expertos y una Consulta Ciudadana virtual, donde participaron más de 6.600 personas.

Al respecto, la Seremi de Gobierno Úrsula Mix señaló “El resultado de este arduo trabajo es una propuesta robusta que fortalece la participación ciudadana institucional, reconociéndola como un derecho fundamental, dota con carácter de incidente y deliberativos a los mecanismos de participación, incorpora principios rectores vinculantes como la accesibilidad, transparencia, diversidad, no discriminación, institucionalidad, voluntariedad, gratuidad y pertinencia territorial, promoviendo mayor paridad, inclusión y enfoque local, haciendose cargo de la diversidad cultural y territorial de Chile”.

Además, la propuesta de modificación establece cambios concretos como la definición de dirigente social, organizaciones de la sociedad civil y participación ciudadana en la gestión pública, dejando de lado el rol meramente de opinión y transformándolo en un rol vinculante. Se fortalecen los Consejos de la Sociedad Civil (Cosoc), dejando de tener un rol consultivo para convertirse en consultivos, deliberativos e incidentes. Se crean nuevos mecanismos de participación, como los diálogos participativos, presenciales o virtuales, con devolución obligatoria de resultados en informes públicos. También, se establece la obligación de planes de capacitación anuales para dirigentes y funcionarios con un foco de participación en juventudes, pueblos originarios, mujeres, diversidades y personas con discapacidad.

“Dignifica la labor dirigencial, refuerza a las instituciones públicas, especialmente al Ministerio Secretaría General de Gobierno y a la División de Organizaciones Sociales, permitiendo mejor coordinación y fiscalización de la participación ciudadana, y fortalece los COSOC, garantizando su funcionamiento con atribuciones reales, recursos municipales y autoridades elegidas democráticamente”, indicó la Seremi de Gobierno.

Es necesario avanzar en la reforma de la Ley 20.500 para que la ciudadanía se vincule en las políticas públicas y su incidencia es fundamental en el avance de procesos democráticos y participativos. Sin participación ciudadana, no avanzamos en políticas públicas.