Con publicación en el Diario Oficial, Gobierno pone en marcha la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales para agilizar proyectos de inversión

Fuente: Seremi de Economía

Ya se encuentra publicada en el Diario Oficial la Ley 21.770. Una nueva normativa, impulsada por el Ministerio de Economía, que permitirá reducir significativamente los tiempos de tramitación de permisos, agilizando el desarrollo de proyectos estratégicos y fortaleciendo la inversión pública y privada en todo el país.

Con la publicación en el Diario Oficial de Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales (LMAS), entra en vigencia la normativa que permite la simplificación de los permisos asociados a proyectos de inversión públicos y privados, cualquiera sea su envergadura, proporcionando mayor certeza sobre los tiempos tramitación.

El ministro de Economía, Fomento y Turismo, Álvaro García, destacó este hito en la implementación de este articulado: “Con el avance del proceso de implementación de este nuevo marco jurídico, se constituirá la Oficina de Autorizaciones Sectoriales, que supervisará y modernizará los trámites públicos y se implementará una línea de denuncias anónimas para personas o empresas afectadas por demoras injustificadas. El mecanismo de silencio administrativo, tanto positivo como negativo, también comenzará a aplicarse, permitiendo que los proyectos que excedan los plazos establecidos sean aprobados o rechazados automáticamente, con posibilidad de apelación”.

Esta La ley establece un nuevo marco regulatorio, que tiene como eje la modernización del Estado para que los permisos sean otorgados en tiempo y forma con el objetivo de reducir entre un 30% y un 70% los tiempos de espera para la ejecución de iniciativas de inversión, y de un 50% para los correspondientes a proyectos estratégicos. La normativa incorpora principios como la tramitación paralela de autorizaciones, el uso de técnicas habilitantes alternativas, la implementación de una ventanilla única digital y la creación de una institucionalidad técnica especializada. Esta ley modifica más de 40 cuerpos legales y marca un hito en la modernización del Estado al permitir que los proyectos de inversión avancen con mayor certeza, eficiencia y sin disminuir los estándares regulatorios vigentes.

Al respecto, el Seremi de Economía de la Región de Aysén, Felipe Rojas Pizarro, relevó la importancia de esta iniciativa clave del Ministerio de Economía, la que tuvo una tramitación de 18 meses; “Como Gobierno del Presidente Boric, estamos muy comprometidos con el crecimiento económico a nivel nacional, pero también en la Región de Aysén. Sabemos que esta normativa permitirá reducir los tiempos de tramitación de los proyectos de inversión privada hasta en un 70%, además de sistematizarlos para conocer en qué estado se encuentran. Esperamos un empuje resuelto y firme para la inversión de los próximos años, por lo tanto, será un cambio significativo para a economía regional”.

La Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales es uno de los proyectos priorizados por el Ejecutivo y el Congreso en el marco del Pacto por el Crecimiento Económico, el Progreso Social y la Responsabilidad Fiscal, instancia mejor conocida como “Fast Track Económico”. Su tramitación fue fomentada mediante un acuerdo transversal que permitió avanzar con rapidez en una agenda legislativa orientada a destrabar iniciativas clave para impulsar el crecimiento del país. El proyecto ingresó al Congreso en enero de 2024 y fue despachado luego de 18 meses de tramitación, tras aprobar todas las etapas institucionales, y luego fue revisado satisfactoriamente por el Tribunal Constitucional.

Si bien la Ley entra hoy en vigencia, varias de sus disposiciones clave contemplan un régimen de implementación gradual como las normas mínimas de procedimiento, el régimen de sanciones a jefaturas de servicio, la puesta en marcha de la Oficina de Autorizaciones Sectoriales, el canal reservado de denuncias, la plataforma digital SUPER, la tramitación ágil de iniciativas estratégicas y el régimen de estabilidad regulatoria. Estas medidas se desplegarán en tres fases: la primera, desde la publicación hasta los seis meses; la segunda, entre el sexto y el noveno mes; y la tercera, hasta completar un año desde la publicación. Este diseño transitorio busca asegurar una implementación ordenada, coordinada y eficaz del nuevo sistema, resguardando los derechos de las personas y asegurando la capacidad del Estado para responder a todo lo que mandata la ley.