Más del 80% de las víctimas de femicidios consumados tenían entre 30 y 45 años

Fuente: SernamEG Aysén

El documento presenta una radiografía de los femicidios registrados durante 2025 e identifica los principales desafíos para avanzar en la prevención, protección y acceso a la justicia.

La implementación de la Ley Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres ha permitido fortalecer la coordinación entre las instituciones del Estado para enfrentar los femicidios. Ese es uno de los principales hallazgos del Informe del Circuito Intersectorial de Femicidios (CIF) 2025, presentado por el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género y el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG).

Así, el informe muestra que el SernamEG logró contactar al 89,09% de las víctimas sobrevivientes de femicidios frustrados para ofrecer acompañamiento psicosociojurídico y presentó querella en el 47,3% de esos casos. En los femicidios consumados, el Servicio representó judicialmente al 56,8% de las víctimas indirectas.

En cuanto a las características de las víctimas, el informe muestra que corresponden mayoritariamente a mujeres chilenas (82,5%), principalmente entre los 30 y 45 años, y que la mayoría de los casos ocurre en zonas urbanas. A nivel territorial, si bien las regiones más pobladas concentran el mayor número de femicidios, las tasas de incidencia más altas se registran en zonas con menor población femenina, como La Araucanía, Tarapacá, Aysén y Magallanes. 

La ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Judith Marín sostuvo que “el Informe CIF 2025 nos entrega una radiografía de la violencia de género en Chile. Y hay un dato que nos preocupa especialmente: en muchos de los femicidios frustrados existían denuncias previas y, aun así, solo en el 12% se decretaron medidas cautelares”.

“Por eso, hacemos un llamado al Congreso y a todas las fuerzas políticas a dejar las diferencias de lado y avanzar en el proyecto que presentamos hace una semana, para fortalecer estas medidas y entregar una mayor protección a las víctimas”, afirmó la secretaria de Estado.

Finalmente, la autoridad valoró los avances que se han visto durante este año y que incorporarán en el próximo informe, como la entrada en vigencia del reglamento que regula la representación judicial de las víctimas en el marco de la Ley Integral, que se ha materializado en la presentación, por parte del SernamEG, de 19 querellas de oficio en casos de femicidio consumado y suicidio femicida. 

En la región de Aysén, fue la Seremi de la Mujer y la Equidad de Género, Roxana Nehue Cárdenas, quién agregó: “Si bien es cierto, en nuestra región no se registra un femicidio consumado desde el año 2019, sí existen altas cifras de femicidios frustrados, las que nos convoca a generar coordinaciones con Seguridad Pública, para poder abordarlas y generar acciones preventivas que den respuesta efectiva y oportuna en casos de violencia extrema hacia las mujeres de nuestra región. De igual forma, y tal como lo mencionó nuestra ministra Judith Marín, esperamos que el proyecto de ley de “Cautelares Reforzadas”, avance con celeridad en el congreso y contemos con el apoyo de nuestros parlamentarios regionales para mejorar los procesos y entregar mayor protección y resguardo a las víctimas”, concluyó.

De acuerdo al Informe CIF, en materia de persecución penal, el 76,1% de los agresores en femicidios frustrados y el 59,1% en femicidios consumados fueron detenidos, dando cuenta del trabajo coordinado de las instituciones encargadas de investigar y perseguir estos delitos.

El documento también da cuenta de la implementación de la Ley de Reparación, que ha permitido otorgar pensiones a hijas e hijos de víctimas de femicidio consumado y suicidio femicida. 

La subdirectora nacional (s) del SernamEG, Miriam Bertuzzi Ratti, destacó que "este informe demuestra que, cuando el Estado trabaja de manera articulada, mejora su capacidad de respuesta frente a la violencia extrema y fortalece la protección de las mujeres”.

“La implementación de la Ley Integral ha permitido consolidar una coordinación más eficiente entre las instituciones, optimizar los procesos y avanzar hacia una respuesta más oportuna y centrada en las víctimas, tanto directas como indirectas”, agregó la autoridad.

Por su parte, la directora regional del SernamEG, Patricia Baeza Cabezas, agregó. “En el Circuito Intersectorial de Femicidios (CIF), acá en la región sesionamos de manera permanente, un espacio en el cual nos podemos reunir, trabajar de manera coordinada y articulada con el intersector para dar una respuesta más eficiente y oportuna a las mujeres que son víctimas de violencia. Asimismo, a través, de este espacio coordinamos el ingreso y el acceso en materia de justicia, de atención psicosocial para las mujeres que son víctimas, a través de la oferta de nuestro servicio que radica en nuestros centros, nuestros dispositivos. Los centros de la mujer y los centros de atención especializada que tenemos acá en la región. En este espacio trabaja de forma conjunta Carabineros, Policía de Investigaciones, Fiscalía, La Seremi de la Mujer, Seremi de Seguridad Pública, en fin todas aquellas instituciones que tienen que ver con la temática para trabajar de forma, insisto, de manera articulada y coordinada para dar respuesta a la problemática de violencia intrafamiliar y de género acá en la región”.

Entre los principales hallazgos, la jefa del Departamento de Estudios y Capacitación del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, María Soledad Martin, explicó que "los femicidios consumados se han mantenido relativamente estables durante la última década. En cambio, el aumento de los femicidios frustrados debe analizarse considerando las mejoras en la detección y el registro, las modificaciones legales que ampliaron las conductas sancionables y una mayor disposición de las víctimas a denunciar".

Martin añadió que "el análisis también confirma que la violencia de género continúa ocurriendo mayoritariamente en espacios privados y que casi la totalidad de los femicidios consumados son cometidos por parejas o exparejas. Estos antecedentes refuerzan la necesidad de seguir abordando esta violencia como un problema de seguridad pública y no como un asunto privado”.